Condenaron al Dr Rodríguez Moyano por corrupción durante su gestión como intendente
Ocupó el cargo durante un período y la Justicia determinó que malversó dinero de un plan de viviendas sociales. Deberá pagar 20 millones de pesos. El Municipio se constituyó como querellante.

Este viernes se conoció la condena al ex intendente de Villa Santa Rosa en el período 2011-2015, el Dr José Raúl Rodríguez Moyano (57), quien según pudo determinar la Justicia de Córdoba lideró un esquema de fraude que afectó tanto al Municipio como al Estado Nacional.
Se pudieron comprobar maniobras de defraudación, falsedad ideológica y abuso de autoridad.
El ex funcionario fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, constituyendo un fallo ejemplar contra la corrupción local. Además, Rodríguez deberá abonar 20 millones de pesos como reparación económica por los perjuicios ocasionados.
La sentencia también alcanzó a tres excolaboradores y a un empresario ligado a la obra pública, ellos son: José Luis Martinelli, secretario de Gobierno; y Ariel Darío Mirra, secretario de Desarrollo. Ambos obtuvieron penas de tres años de prisión en suspenso.
A Mirra también se lo hizo responsable por presunta falsedad ideológica porque fue quien firmó los certificados de avance de obra con datos falsos. De hecho, desde la Nación iban destrabando el envío de fondos a medida que recibían los informes técnicos sobre la ejecución de las casas.
Roberto Fabián Coronel es el empresario de la construcción que también fue sentenciado. Su condena es a dos años años y 10 meses de prisión en suspenso.
La denuncia por fraude
Fue Víctor Kieffer, intendente en el período siguiente al de Rodríguez, quien hizo la denuncia tras detectar graves irregularidades en el plan habitacional de Nación, Techo Digno, por el cual en 2014 se habían recibido los fondos para construir 52 casas para familias de escasos recursos de la localidad, pero no fueron ejecutadas.
Sin embargo, al organismo nacional Rodríguez había declarado un avance de obra del 98.44 por ciento. La auditoría luego reveló que lo ejecutado no superaba el 31 por ciento.
El proceso fue continuado por la actual gestión, encabezada por Daniel Kieffer, dado que la querellante en la causa es la Municipalidad de Villa Santa Rosa.
La gestión del médico Rodríguez Moyano del Partido Justicialista, quien llegó a la intendencia con el aval de Juan Schiaretti, recibió 11.8 millones de pesos de fondos nacionales, de los cuales, 8 millones no contaban con respaldo contable.
Los más perjudicados con la maniobra fueron los beneficiarios del programa habitacional.
Tras la denuncia, los investigadores pudieron constatar que Rodríguez y su equipo exigían pagos de 60 mil pesos a los aspirantes a las viviendas, sumando 3.1 millones de pesos por esa maniobra ilegal, lo que amplió la magnitud del fraude.
Una cooperativa de Santa Cruz y la sombra K en Santa Rosa
De la investigación también se desprende que la obra había sido adjudicada sin licitación a la Cooperativa 11 de Septiembre de Caleta Olivia, Santa Cruz, que fue contratada de manera directa por 3.7 millones de pesos y no ejecutó ninguna vivienda.
Esa firma era dirigida por Milton Fernando Bandeira, quien actualmente se encuentra prófugo.
La Justicia destacó en la sentencia que Rodríguez Moyano y sus secretarios actuaron “con un propósito de lucro personal, sacrificando los intereses públicos”, desviando fondos destinados a familias vulnerables hacia bolsillos privados con falsos contratos y sin facturas de respaldo.
En ese sentido se detectaron pagos a proveedores inexistentes por materiales que nunca llegaron a las obras. Las casas se levantaron con productos de baja calidad que no cumplían los estándares mínimos establecidos en los pliegos oficiales.
Un fallo ejemplar: Rodríguez fue inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos
Los acusados se sometieron a un juicio abreviado donde admitieron los hechos y manifestaron arrepentimiento. La Cámara en lo Criminal 10ª Nominación consideró que la devolución parcial de fondos atenuó las penas, aunque mantuvo la inhabilitación de por vida.
En su argumentación, el Tribunal aseveró que el fallo busca sentar un precedente contra el uso discrecional de los recursos públicos.
El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini también decidió imputar a cuatro concejales del oficialismo durante la gestión de Rodríguez Moyano. Son quienes aprobaron una ordenanza de presupuesto que modificó disposiciones anteriores que obligaban a llamar a licitación cuando las erogaciones superaban los $2.000.
La norma dio legitimidad a la compra directa que implicó el convenio con la supuesta cooperativa santacruceña, ejecutado un año antes. Lo cuestionable es que en el texto se señalaba que la ordenanza tenía efecto retroactivo.
Por ese hecho, el fiscal consideró que los ediles Clara Nelly Acosta, Héctor Constancia Rebuffo, Luis Daniel Casas y Andrea Giraudo son responsables del delito de abuso de autoridad.
De este modo, este caso se convierte en uno de los precedentes más contundentes contra la corrupción en la gestión pública.