Intendentes y jefes comunales reclamaron en PAMI Córdoba por deudas y faltantes de medicamentos

Mandatarios de distintos departamentos de la provincia presentaron un petitorio ante el organismo nacional para exigir la regularización de los pagos por prestaciones destinadas a adultos mayores. Advirtieron que la demora compromete los recursos sanitarios de municipios y comunas, que deben sostener la atención con fondos propios.

La falta de pago de prestaciones médicas, las interrupciones en la provisión de medicamentos y la creciente presión sobre los sistemas de salud locales motivaron este mediodía una presentación conjunta de intendentes y jefes comunales en la sede de PAMI Córdoba. La delegación, integrada por representantes de distintas regiones de la provincia, entregó un documento en el que reclamó respuestas urgentes ante una situación que, según denunciaron, afecta directamente a jubilados y pensionados y obliga a los gobiernos locales a cubrir gastos que deberían contar con financiamiento previsto.

La protesta reunió a autoridades de diferentes departamentos, entre ellos San Justo, Río Primero y Río Segundo, cuyos representantes expusieron las dificultades que enfrentan sus localidades para garantizar la atención sanitaria de las personas mayores. El reclamo apuntó a la falta de cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el organismo nacional en el marco de los convenios de prestaciones.

Según lo expresado por los mandatarios, los pagos adeudados se arrastran desde hace más de un año. A pesar de la presentación formal, los directivos de PAMI no recibieron personalmente a los representantes ni atendieron de manera directa el petitorio, de acuerdo con la información difundida por los participantes.

Municipios y comunas, obligados a cubrir los costos

Detrás del reclamo hay una preocupación que excede las diferencias políticas y se instala en la gestión cotidiana de los gobiernos locales: cómo sostener los servicios de salud cuando los recursos comprometidos no llegan.

Intendencias y comunas aseguran que continúan atendiendo las necesidades de los adultos mayores, aun cuando deben afrontar con sus propios presupuestos gastos que esperaban cubrir mediante los acuerdos con PAMI. Esa situación obliga a reorganizar partidas sanitarias y, en algunos casos, a recurrir a fondos de otras áreas para evitar que la falta de financiamiento termine afectando la asistencia.

Los funcionarios señalaron que el acompañamiento económico de la Provincia contribuye a amortiguar parte del problema, aunque lo consideran insuficiente para resolverlo de manera definitiva. La principal demanda es que se cancelen las obligaciones pendientes y se establezca un mecanismo de pagos regular, que permita planificar los servicios y evitar que la incertidumbre financiera se traslade a los pacientes.

La advertencia tiene especial relevancia en localidades del interior, donde los municipios y las comunas suelen constituir una de las principales puertas de acceso a la atención sanitaria. Cuando esos sistemas deben absorber gastos extraordinarios, el impacto puede extenderse a otros servicios y a la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

También cuestionaron los cambios en la provisión de medicamentos

El documento presentado en Córdoba incluyó otro punto de preocupación: las modificaciones en la cobertura de medicamentos esenciales y la reducción de los productos contemplados en el programa Remediar.

De acuerdo con los cuestionamientos formulados por los representantes locales, el listado habría pasado de 128 medicamentos a seis principios activos, con una cobertura concentrada principalmente en tratamientos vinculados con enfermedades cardiovasculares. Los funcionarios advirtieron que la reducción deja fuera de ese esquema medicamentos utilizados para tratar afecciones como la diabetes tipo 2, el hipotiroidismo y enfermedades respiratorias, entre ellas el asma, además de antibióticos de uso frecuente.

Los planteos reflejan la inquietud de los gobiernos locales por las consecuencias que estos cambios pueden tener sobre personas que necesitan tratamientos continuos y que, frente a las dificultades económicas, dependen de la provisión pública para acceder a sus medicamentos.

En ese contexto, los mandatarios reclamaron que se revisen las decisiones que afectan la disponibilidad de fármacos y que se garantice una respuesta adecuada para los sectores de mayor vulnerabilidad. No obstante, los alcances concretos de las modificaciones y su impacto en cada localidad requieren información oficial actualizada sobre los medicamentos efectivamente disponibles y las condiciones de cobertura vigentes.

Un reclamo que atraviesa a todo el interior cordobés

Los intendentes y jefes comunales sostuvieron que las dificultades no corresponden a un municipio en particular, sino que se repiten en distintos puntos de la provincia. Por eso, consideraron necesario visibilizar una problemática que, según señalaron, suele quedar fuera de la discusión pública, pese a sus consecuencias directas sobre jubilados y pensionados.

La situación también pone en evidencia la tensión financiera que enfrentan las administraciones locales cuando deben responder a demandas sanitarias crecientes sin contar con la totalidad de los recursos previstos. En comunidades pequeñas, donde los vínculos entre los vecinos y los servicios públicos son más directos, cualquier interrupción en la asistencia puede convertirse rápidamente en una preocupación colectiva.

El reclamo, además, abre interrogantes sobre la coordinación entre los distintos niveles del Estado para garantizar la atención de los adultos mayores. Mientras los municipios y las comunas sostienen que no pueden desatender a sus vecinos, reclaman que el organismo nacional regularice las obligaciones económicas y brinde previsibilidad al sistema.

Por el momento, la presentación constituye un nuevo llamado de atención sobre las dificultades que atraviesa la atención sanitaria de los jubilados en Córdoba. La respuesta de PAMI, la eventual regularización de los pagos y las medidas que se adopten para garantizar el acceso a los medicamentos serán determinantes para saber si el conflicto encuentra una salida o si los gobiernos locales deberán continuar absorbiendo costos que comprometen sus recursos y su capacidad de asistencia.

El autor:

El Diario del Pueblo

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