Inspección, una clausura preventiva y fuertes denuncias: crece la tensión por una residencia de adultos mayores en Arroyito

El Municipio intentó ejecutar una medida dispuesta por el Juzgado de Faltas, pero decidió no avanzar con el desalojo de los residentes para evitar una situación de crisis. El caso fue elevado a la Justicia y quedó alcanzado por el secreto de sumario. En paralelo, ex trabajadores y usuarios de redes sociales difundieron graves acusaciones sobre las condiciones de atención en el establecimiento.

La mañana del miércoles 2 de septiembre puso nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de una residencia para adultos mayores ubicada en Sarmiento 940 de Arroyito, donde permanecen actualmente alrededor de 20 residentes. Personal municipal se presentó en el lugar para ejecutar una clausura preventiva previamente dispuesta por el Juzgado de Faltas, pero la medida no llegó a concretarse debido a la presencia de los adultos mayores en el establecimiento.

Según explicó José Solera, secretario de Modernización y Control del Municipio, el geriátrico venía siendo objeto de actuaciones e inspecciones y la jueza de Faltas había dispuesto una clausura preventiva, otorgando los plazos correspondientes dentro del procedimiento. Ese plazo venció el martes y, al día siguiente, personal del área de Habilitaciones concurrió al establecimiento para ejecutar la medida.

Sin embargo, al momento de la intervención, los residentes continuaban dentro del lugar.

Desde el Municipio señalaron que, ante esa situación, y siguiendo instrucciones del intendente, Gustavo Benedetti, de preservar la integridad de los adultos mayores, se optó por realizar las actas correspondientes, dejar constancia de lo ocurrido y retirarse del establecimiento, evitando generar una crisis emocional entre quienes allí viven.

El caso quedó en manos de la Justicia

Solera indicó que el incumplimiento de la medida fue comunicado tanto a la jueza de Faltas como a la Fiscalía local. A partir de esa intervención, el expediente quedó bajo secreto de sumario, por lo que serán los organismos judiciales quienes determinen los pasos a seguir.

El funcionario sostuvo además que el Municipio cumplió con las distintas etapas administrativas y procesales previstas, respetando los plazos y las instancias correspondientes.

La situación se produce, además, en el marco de una nueva ordenanza municipal que regula el funcionamiento de las residencias para adultos mayores, aprobada recientemente por el Concejo Deliberante de Arroyito.

Según explicó Solera, la normativa ya comenzó a aplicarse en distintos establecimientos de la ciudad y se realizaron actuaciones en varios geriátricos. Algunos fueron clausurados y otros se encuentran atravesando procesos destinados a regularizar su situación.

El eje central de los controles, remarcó el funcionario, está puesto en garantizar la integridad y el bienestar de las personas residentes.

La versión de la residencia

Por su parte, Héctor Escobar, gerente del establecimiento, manifestó que, desde su perspectiva, la residencia reúne las condiciones básicas necesarias para funcionar y expresó desconocer cuáles serían concretamente las razones que llevaron a intentar avanzar con la clausura.

Desde el geriátrico también señalaron que pusieron a disposición de las autoridades la documentación requerida y que aguardarán las observaciones, recomendaciones o exigencias que puedan surgir a partir de las actuaciones oficiales.

De esta manera, existen actualmente dos planos diferentes sobre los cuales deberá avanzar la investigación: por un lado, las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con la habilitación y las condiciones de funcionamiento; por otro, las denuncias y testimonios que comenzaron a circular públicamente.

Las redes sociales encendieron el debate

La intervención municipal generó una fuerte repercusión en redes sociales. Durante las últimas horas, distintas personas que aseguraron haber trabajado en la residencia, familiares o usuarios que dijeron conocer situaciones vinculadas al establecimiento publicaron testimonios y cuestionamientos sobre la atención brindada a los adultos mayores.

Entre las publicaciones aparecen acusaciones sobre presuntos malos tratos, alimentación insuficiente o inadecuada, falta de personal, problemas con la administración de medicamentos, condiciones edilicias y cuestiones laborales.

Algunos testimonios fueron particularmente contundentes. Personas que afirmaron haber trabajado allí relataron situaciones que, según sus propias experiencias, las habrían llevado a abandonar sus puestos de trabajo.

También se difundieron comentarios de personas que aseguraron haber atravesado situaciones difíciles con familiares residentes.

No obstante, se trata de manifestaciones realizadas públicamente en redes sociales que no han sido acreditadas judicialmente y que deberán ser corroboradas, en caso de corresponder, por las autoridades competentes.

La gravedad de las acusaciones, precisamente, vuelve imprescindible que cada denuncia pueda ser presentada formalmente y sometida a investigación, especialmente cuando involucra a personas mayores que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad.

Una discusión que excede a una residencia

El caso volvió a instalar en Arroyito una discusión más amplia: cómo se controla el funcionamiento de las residencias para adultos mayores y quién garantiza que las personas que viven allí reciban atención adecuada, alimentación, asistencia sanitaria, condiciones de seguridad y un trato digno.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque quienes permanecen en estos establecimientos muchas veces dependen de terceros para cubrir necesidades básicas y no siempre tienen posibilidades de expresar por sí mismos eventuales situaciones de vulnerabilidad.

Por eso, además de determinar la situación administrativa del establecimiento de Sarmiento 940, el proceso abre interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización, la responsabilidad de los titulares de las residencias, el rol de los familiares y la necesidad de que cualquier irregularidad sea denunciada por las vías correspondientes.

Desde el Municipio aseguraron que los controles continuarán y que cualquier incumplimiento que comprometa la integridad o el bienestar de los residentes será objeto de las medidas previstas por la normativa.

Ahora será la Justicia la que deberá avanzar sobre el expediente y determinar si existen responsabilidades y qué medidas corresponden.

Mientras tanto, detrás de la discusión administrativa, las clausuras y los expedientes hay alrededor de 20 adultos mayores que permanecen en el centro de la escena. Son ellos quienes necesitan que cualquier decisión que se adopte tenga como prioridad absoluta su seguridad, su salud y el derecho a transitar esta etapa de la vida en condiciones dignas.

El autor:

El Diario del Pueblo

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