Intendentes del interior reclamaron en el Congreso por los recortes en salud y los subsidios al transporte
Alrededor de 80 intendentes y jefes comunales de distintas provincias cuestionaron la reducción del Programa Remediar, las deudas del PAMI y la distribución desigual de los fondos para el transporte. Córdoba tuvo una importante representación, con autoridades de localidades de la región que se sumaron al reclamo por un país más federal.
El reclamo del interior argentino llegó al Congreso de la Nación. En una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, alrededor de 80 intendentes y jefes comunales de distintas provincias expusieron su preocupación por las políticas del Gobierno nacional, con especial énfasis en los recortes del Programa Remediar y la distribución de los subsidios al transporte público.
La jornada, impulsada por la diputada cordobesa, Carolina Basualdo, reunió a representantes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Neuquén y Santa Cruz, entre otras jurisdicciones. El encuentro estuvo atravesado por un documento que sintetizó el planteo colectivo: “Un país desigual es un país injusto”.
La región también dijo presente
Entre los representantes cordobeses que participaron se destacaron la intendente de Obispo Trejo, Silbia Mansilla; las jefas comunales de La Posta, El Crispín y Pedro E. Vivas; y la intendente de La Tordilla, Claudia Bordoni, entre otras autoridades del interior provincial.
Su presencia puso de manifiesto que las consecuencias de las decisiones nacionales no se limitan a las grandes ciudades. También impactan directamente en las localidades más pequeñas, donde los municipios suelen constituir la primera respuesta ante las necesidades sanitarias, sociales y económicas de sus vecinos.
El planteo compartido apuntó a la necesidad de garantizar una distribución equitativa de los recursos y evitar que las administraciones locales deban absorber obligaciones que corresponden a otros niveles del Estado.
Remediar: de 129 medicamentos a solamente seis
Uno de los principales motivos de preocupación fue la reducción del Programa Remediar, una política nacional creada en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de los centros de atención primaria de la salud.
Durante la reunión, la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, señaló que la cobertura habría pasado de 129 medicamentos a solamente seis, lo que representa una reducción cercana al 95%.
La dirigente advirtió que el impacto de esta medida excede la disponibilidad de medicamentos y puede repercutir directamente en la prevención y el tratamiento de enfermedades, especialmente entre las personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.
La intendente de Paraná, Rosario Romero, también alertó sobre las consecuencias sanitarias y económicas de estos recortes. Sostuvo que la disminución de la provisión de medicamentos puede provocar un agravamiento de enfermedades prevenibles y trasladar mayores costos a las provincias y los municipios.
El argumento compartido fue contundente: cuando el Estado deja de garantizar un tratamiento, la necesidad de atención no desaparece. En muchos casos, termina trasladándose a los gobiernos locales, que deben responder con recursos cada vez más limitados.
El transporte, otra desigualdad entre el AMBA y el interior
El segundo eje de la reunión fue la distribución de los subsidios al transporte público. Los intendentes cuestionaron que el Gobierno nacional continúe destinando recursos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras las ciudades del interior enfrentan mayores costos y una participación nacional cada vez más limitada.
El intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, sostuvo que durante 2026 se destinaron aproximadamente 460 millones de dólares en compensaciones tarifarias al AMBA, frente a la ausencia de aportes equivalentes para el interior.
“ No estamos contra el subsidio al área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país”, fue uno de los planteos centrales.
Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó la desigualdad en el financiamiento del transporte y sostuvo que resulta injusto que los ciudadanos del AMBA reciban una cobertura de subsidios significativamente superior a la de los habitantes del interior.
La intendente de Paraná, Rosario Romero, remarcó que el transporte público no puede considerarse un lujo y defendió la continuidad de los subsidios como una herramienta fundamental para sostener el servicio y garantizar el acceso de los ciudadanos.
En las localidades del interior, el impacto de estas decisiones se traduce en una presión creciente sobre las finanzas municipales, que deben optar entre aumentar sus aportes, trasladar los costos al precio del boleto o reducir las prestaciones.
Los municipios, cada vez más exigidos
Otro de los reclamos estuvo vinculado con las deudas del PAMI con prestadores de servicios de salud municipales y con la falta de cumplimiento de compromisos financieros por parte del Gobierno nacional.
El intendente de La Playosa, Franco Villar, planteó que las administraciones locales no están reclamando nuevas partidas presupuestarias, sino que exigen que se cumplan las obligaciones ya asumidas.
La preocupación atraviesa a municipios de distintas provincias y espacios políticos. Los intendentes sostienen que el retiro o la reducción de programas nacionales genera una transferencia de responsabilidades hacia los gobiernos provinciales y locales, que deben continuar atendiendo las demandas de la población sin contar necesariamente con los recursos correspondientes.
En ese contexto, el documento presentado durante la reunión cuestionó lo que consideran un abandono progresivo del interior argentino y reclamó una distribución federal de los fondos públicos.
Un reclamo que buscará llegar al Presupuesto 2027
La reunión tuvo lugar en medio de las negociaciones por el Presupuesto nacional 2027. Los intendentes buscarán que sus planteos se traduzcan en iniciativas legislativas y sean incorporados al debate parlamentario previsto para las próximas semanas.
El reclamo no se limita a una discusión partidaria. Pone sobre la mesa una problemática que atraviesa a numerosas localidades: cómo sostener servicios esenciales, garantizar el acceso a medicamentos y mantener el transporte público cuando los recursos nacionales disminuyen y las responsabilidades municipales crecen.
Para las comunidades del interior, la discusión tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana. El acceso a la salud, la movilidad y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales dependen, en buena medida, de cómo se distribuyen los recursos y las obligaciones entre los distintos niveles del Estado.
La consigna que acompañó a los intendentes en el Congreso resume el espíritu de la jornada y el desafío que plantean: “Un país desigual es un país injusto”. Un reclamo que, desde Córdoba y sus localidades, busca instalar nuevamente la necesidad de un federalismo que se traduzca en hechos y no solamente en declaraciones.