Río Primero: reclaman controles por viviendas del plan Casa Propia que no estarían ocupadas por sus adjudicatarios

La situación del barrio construido en el predio del ex hipódromo volvió al centro del debate en el Concejo Deliberante. Durante la sesión de este martes, una concejal expuso denuncias sobre viviendas que estarían deshabitadas o alquiladas y pidió respuestas al Ejecutivo. También se planteó el caso de una familia inquilina que habría recibido intimaciones para dejar una de las casas.

La situación de las 43 viviendas del plan nacional Casa Propia construidas en Río Primero volvió a generar preocupación y abrió un nuevo capítulo de discusión institucional. En la última sesión del Concejo Deliberante, realizada este martes 3 de noviembre, se expusieron presuntas irregularidades en la ocupación de algunas unidades: según lo planteado durante el debate, tres casas no estarían siendo habitadas por las personas que resultaron adjudicatarias y, en determinados casos, habrían sido alquiladas a terceros.

El tema tomó relevancia luego de que una concejal relatara el reclamo de un vecino que actualmente alquila una de esas viviendas y que, según su exposición, habría recibido la indicación de abandonar el inmueble. La edil pidió que el Departamento Ejecutivo intervenga y brinde explicaciones sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación.

El reclamo por viviendas que tendrían que ser ocupadas por sus adjudicatarios

Durante su intervención, la concejal recordó que el Concejo había recibido presentaciones de vecinos que solicitaban investigar la situación de algunas unidades del barrio.

Según relató, una de las notas fue presentada ante la Municipalidad y recibió una respuesta el 27 de agosto. En esa contestación, de acuerdo con lo expuesto en la sesión, se habría reconocido que existían tres viviendas que no estaban ocupadas por las personas a las que habían sido adjudicadas. También se habría informado que el asunto sería consultado con el área de Asesoría Legal.

La edil señaló que, hasta el momento de la sesión, los vecinos que impulsaron los reclamos no habrían recibido una respuesta definitiva sobre las medidas adoptadas.

El planteo apunta a las condiciones de adjudicación de estas viviendas, destinadas originalmente a familias con necesidad habitacional. De acuerdo con lo expresado en el recinto, los contratos establecen restricciones para evitar que las unidades sean alquiladas, cedidas o vendidas, ya que deben cumplir una finalidad social y habitacional.

Una familia inquilina quedó en medio del conflicto

Uno de los aspectos más delicados expuestos durante la sesión fue el caso de una familia que habría alquilado una de las viviendas desde mayo de este año.

Según el relato de la concejal, el inquilino manifestó que tenía un contrato formal, con certificación notarial, y que abonaba un alquiler que en octubre rondaba los $475.000, con actualizaciones trimestrales por IPC.

El vecino habría recibido una intimación para dejar el inmueble y, según lo expuesto en el Concejo, le habrían planteado que la vivienda sería controlada para verificar que estuviera ocupada por sus adjudicatarios.

La situación social de esa familia también fue puesta sobre la mesa: el inquilino tiene un hijo menor que asiste a la escuela primaria y habría manifestado que necesita permanecer en la vivienda hasta diciembre para que el niño pueda finalizar el ciclo lectivo. Además, la concejal mencionó que uno de los integrantes del grupo familiar atraviesa un problema de salud.

Durante su intervención, la edil también hizo referencia a presuntas intimidaciones denunciadas por el inquilino. Se trata de manifestaciones realizadas en el ámbito del Concejo y que no fueron corroboradas de manera independiente en la información disponible.

Dos situaciones que reclaman respuestas

El debate dejó expuesta una tensión entre dos grupos de familias: por un lado, quienes actualmente ocupan las viviendas mediante contratos de alquiler y podrían verse obligados a mudarse; por otro, las personas que integran las listas de suplentes que podrían tener derecho a acceder a una casa si se comprueba que alguna adjudicación no cumple con las condiciones establecidas.

La concejal sostuvo que el Ejecutivo debe intervenir para esclarecer las situaciones y determinar si existieron incumplimientos en los contratos de adjudicación. También reclamó que se garantice el destino habitacional de las unidades.

La discusión adquiere especial relevancia porque se trata de viviendas construidas con fondos del programa nacional Casa Propia, una política destinada a facilitar el acceso a una vivienda única y de ocupación permanente.

La inversión municipal y el origen del barrio

El desarrollo habitacional se levantó en el predio del ex hipódromo de Río Primero durante la gestión anterior que antes de culminar el mandato en diciembre de 2023 las adjudicó pese a no estar terminadas y a no contar con la infraestructura básica necesaria. Según la información aportada sobre el proyecto, las casas fueron construidas con recursos del programa nacional Casa Propia pero se utilizaron máquinas y herramientas del Fondo Municipal de la Vivienda (FOMUVI).

A su vez, sólo la conexión eléctrica del barrio demandó una inversión municipal estimada en alrededor de 100.000 dólares, afrontada con fondos propios. Para concretar la obra, la gestión encabezada por la intendente Mariángeles Arneudo acordó con la Cooperativa de Electricidad local su ejecución y una financiación en 13 cuotas actualizables según el valor de los materiales.

El Ejecutivo ante un nuevo desafío: control

La discusión dejó planteada una demanda concreta: determinar qué ocurre con las viviendas que no estarían siendo ocupadas por sus adjudicatarios, verificar si hubo alquileres u otras formas de cesión y establecer qué medidas corresponden de acuerdo con los contratos y la normativa vigente.

Por el momento, los planteos expuestos en el Concejo no permiten establecer de manera definitiva la situación de cada una de las tres unidades señaladas ni las eventuales responsabilidades. La respuesta del Departamento Ejecutivo y las actuaciones del área legal serán claves para esclarecer el caso.

Detrás del debate administrativo y político hay una cuestión central para la comunidad: que las viviendas construidas para dar respuesta a familias con necesidad de un techo propio cumplan efectivamente con ese objetivo y que cualquier irregularidad sea investigada con transparencia, resguardando también los derechos de quienes hoy las habitan.

Del mismo modo, para toda la comunidad de Río Primero, que debió aportar a través de sus tasas municipales para dar solución a 43 familias por la prisa de la gestión Cravero en adjudicar viviendas no terminadas, deberán poder responderles si cada uno de los propietarios cumple con su obligación: el pago de las cuotas mensuales, lo que permitirá que la rueda no se corte y se puedan construir más viviendas o realizar nuevas obras.

Otros temas en el orden del día

Durante la misma sesión, el Concejo Deliberante también dio ingreso formal a dos proyectos vinculados con desarrollos de terrenos: uno referido a un loteo municipal existente de 46 lotes y otro que contempla un nuevo proyecto de 144 lotes.

Además, se aprobó por unanimidad un proyecto relacionado con licencias por razones de salud ocupacional. También recibió tratamiento y aprobación, por mayoría, la escrituración de un terreno a favor de Marcelo Trejo.

Por otra parte, se planteó la preocupación por el ciberataque que afectó al sistema informático municipal. Sobre este punto, la secretaria de Gobierno informó que el Municipio cuenta con copias de seguridad diarias y que, según lo expuesto, sería necesario recuperar únicamente la información correspondiente a una jornada de trabajo.

De esta manera, la sesión incluyó tanto el debate por la situación de las viviendas como otros asuntos vinculados con la gestión municipal, el desarrollo urbano y el funcionamiento administrativo.

El autor:

El Diario del Pueblo

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