“No pedimos que nos regalen nada”: el dramático pedido de tres madres a intendentes para que sus hijos con cáncer puedan volver a casa

En medio de la lucha contra la leucemia, familias de Pozo del Molle, Holmberg y Calchín enfrentan una cruda realidad habitacional. Impulsados por las exigencias médicas de aislamiento, deben alquilar o abandonar sus hogares precarios, y reclaman una respuesta urgente a los jefes comunales locales.

En el marco de una fecha cara a los afectos como el Día del Amigo, la solidaridad y la crudeza social volvieron a cruzarse de la mano de Juan, referente de la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa, quien recorrió una institución de apoyo a la niñez oncológica en la provincia de Córdoba. Allí visibilizó una problemática invisible para los despachos oficiales, pero de extrema urgencia para tres familias del interior cordobés: la imposibilidad habitacional que atraviesan niños diagnosticados con cáncer o leucemia.

El relato desnuda historias idénticas marcadas por el dolor de la enfermedad y la desidia estatal. Las madres de los pequeños —William, León y Joel— debieron dejar sus lugares de origen o viviendas inhabitables debido a estrictas indicaciones médicas. Los oncólogos les exigieron un aislamiento estricto, libre de animales y de la polución propia del entorno rural o de asentamientos precarios, para evitar infecciones letales en pacientes inmunosuprimidos.

Sin embargo, la respuesta institucional brilla por su ausencia. En Pozo del Molle, Malvina (mamá de William, de 13 años y con síndrome de Down) relata que viven en un campo a dos kilómetros del pueblo y se encuentran desocupados. La ayuda estatal prometida para la enfermedad termina diluyéndose en el pago de un alquiler o comida, dejando a la familia a la deriva. Un escenario similar vive Ángela Romero en Calchín Estación, quien alquila por sus propios medios una vivienda que no cuenta con las condiciones mínimas para recibir a su hijo tras las internaciones.

Por su parte, Jessica Domínguez, vecina de Santa Catalina / Holmberg, atraviesa una encrucijada legal y social. Propietaria de una vivienda desde hace 16 años en un predio ferroviario, debió mudarse a Río Cuarto ante la imposibilidad de mantener al pequeño León rodeado de animales. Desde la administración local le argumentan que, al tratarse de un terreno fiscal o privado del ferrocarril, no pueden suministrar materiales de construcción para refaccionar su hogar.

Ante este panorama, el reclamo directo apunta a los intendentes de las respectivas localidades: Fernando Ruiz Díaz (Pozo del Molle), Maximiliano Rossetto (Holmberg) y Claudio Caón (Calchín). El pedido de las familias es concreto y dista de buscar dádivas: solicitan asistencia económica temporal para afrontar un alquiler digno o una mínima ayuda en materiales (como cemento) para refaccionar sus viviendas, permitiendo que los niños puedan transitar su postratamiento en condiciones humanas y seguras.

La urgencia sanitaria no entiende de burocracia ni de tiempos electorales. Como bien señala la demanda comunitaria, la administración de los recursos públicos exige sensibilidad social y una rápida toma de decisiones políticas para evitar que el desarraigo y la pobreza empeoren una batalla por la vida.

Esta problemática interpela de manera directa el tejido social de las comunidades del interior cordobés. Casos como los de Pozo del Molle, Holmberg y Calchín ponen a prueba la verdadera capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a emergencias de salud pública y vulnerabilidad extrema. La necesidad de contar con infraestructura habitacional adecuada no es un lujo estético, sino una condición de supervivencia médica para vecinos que hoy se encuentran solos lejos de sus pagos chicos.

El autor:

El Diario del Pueblo

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