Cambio histórico en rutas: Córdoba manejará peajes en tramos nacionales y abre un nuevo mapa vial

En una decisión que redefine el esquema de obras públicas en el país, el Gobierno nacional oficializó la transferencia de facultades a Córdoba para que gestione peajes en rutas nacionales dentro de su territorio. El cambio, formalizado a través del Decreto 253/2026, marca un giro hacia la descentralización y promete acelerar obras clave en la provincia.

La medida no es aislada: también alcanza a Santa Fe, Mendoza, San Luis, Corrientes, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, en un intento por darle mayor protagonismo a las provincias en la gestión de su propia infraestructura.

A partir de ahora, Córdoba podrá licitar obras, definir condiciones, adjudicar contratos y administrar el sistema de peajes en rutas nacionales que atraviesan su territorio. En términos prácticos, esto implica que las decisiones dejarán de depender exclusivamente de la Nación y pasarán a tener una impronta más local.

Sin embargo, hay un punto clave: las rutas seguirán siendo propiedad del Estado nacional. La delegación es temporal, limitada y revocable, lo que significa que el control general seguirá en manos de la Nación, que podrá retomar la gestión en cualquier momento.

Para que el nuevo esquema funcione, la Provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. Allí se definirán los tramos a concesionar, los plazos, las condiciones y los mecanismos de control.

Uno de los aspectos más sensibles del sistema tiene que ver con el destino de los fondos: lo recaudado por peajes deberá utilizarse exclusivamente para obras y mantenimiento del tramo concesionado, sin posibilidad de redireccionar esos recursos a otras rutas.

Además, el modelo establece tiempos concretos: una vez firmado el convenio, Córdoba tendrá hasta un año para iniciar el proceso de licitación, y tras la adjudicación, deberá otorgar la concesión en un plazo máximo de 90 días hábiles.

El nuevo esquema también incorpora controles estrictos. La supervisión seguirá bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto.

El trasfondo es claro: mayor rapidez en la ejecución de obras, decisiones más cercanas al territorio y un intento por mejorar rutas que, en muchos casos, arrastran años de deterioro.

Pero también abre interrogantes: ¿será más eficiente la gestión provincial? ¿Se traducirá en mejores rutas o en más costos para los usuarios?

Por lo pronto, Córdoba se prepara para asumir un rol protagónico en un sistema que podría cambiar la forma en que se construyen y mantienen las rutas en Argentina. Y esta vez, el camino empieza a definirse más cerca de casa.

El autor:

El Diario del Pueblo

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