Cementerio cerrado y silencio oficial: crece la inquietud en Esquina por una situación que lleva más de un mes sin respuestas

Desde fines de diciembre, el cementerio comunal permanece cerrado con candado. Mientras la Comuna atribuye la medida a una orden de la Fiscalía de Jesús María, vecinos cuestionan la versión oficial, denuncian un exceso en los tiempos de resolución y hablan de miedo a expresarse.

Desde hace más de un mes, el cementerio de Esquina —un espacio cargado de historia, memoria y afecto para la comunidad y para familias de toda la región— permanece cerrado con candado, sin acceso para los vecinos ni visitantes. La situación, lejos de aclararse con el paso de los días, suma interrogantes y genera un creciente malestar en una localidad pequeña, donde los rumores corren rápido y las explicaciones oficiales llegan a cuentagotas.

La única comunicación formal conocida hasta el momento fue un escueto mensaje enviado por la Comuna a través de WhatsApp a los vecinos. Allí se informa que, “por directiva de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, el cementerio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, solicitando comprensión “por cuestiones ajenas a nuestra Comuna”, sin detallar las causas ni los plazos de la medida.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un audio, atribuido a un vocero comunal, que aporta una versión más extensa de lo ocurrido. En el mensaje, se señala que a fines de diciembre se habría denunciado la presunta profanación de un nicho: según ese relato, se habría extraído un ataúd, manipulado restos óseos y trasladados a otro lugar sin la autorización correspondiente.

A raíz de esa denuncia, y siempre según el audio, la Policía habría ordenado el cierre del cementerio, quedando la causa en manos de la Fiscalía de Jesús María, que aún no habría realizado las pericias. La feria judicial, se explica, habría demorado el avance del expediente.

No obstante, esta versión es puesta en duda por un grupo de vecinos, que sostienen que no existió ninguna profanación, sino que se trató de una reducción de restos realizada por una persona octogenaria, familiar directo del fallecido, una práctica habitual que —afirman— se habría hecho sin intención de ocultamiento ni daño. Desde esa mirada, lo ocurrido no justificaría el cierre total del cementerio ni, mucho menos, una clausura que ya supera el mes sin resolución visible.

A las dudas se suman otros elementos que alimentan la desconfianza. Vecinos señalaron que en el predio no hay fajas, cintas ni señalización oficial que indiquen una clausura judicial, como suele suceder en este tipo de procedimientos. Además, relataron que al intentar obtener información por vías formales se encontraron con respuestas contradictorias o directamente con el desconocimiento del caso: tanto la jefa de la Departamental Policial de Villa Santa Rosa como la jueza de Paz habrían manifestado no estar al tanto de la situación. En la sede policial de Esquina, en tanto, informaron que el jefe se encuentra de vacaciones y que actualmente no hay efectivos en la comunidad.

El resultado es un escenario confuso, donde el candado cerrado se convierte en símbolo de algo más profundo que una causa judicial: la imposibilidad de despedir a los seres queridos, de visitar tumbas, de cumplir rituales que forman parte de la vida comunitaria. “Venís desde otro pueblo, desde otra localidad, y te encontrás con el cementerio cerrado, sin explicación, sin nadie que dé la cara”, repite un vecino.

En voz baja, algunos se animan a ir más allá. Reconocen que la situación “es rara” y admiten sentir temor a hablar con la prensa. “Acá hay miedo”, dicen casi en susurros, y apuntan a un poder político que, según describen, domina la vida local desde hace décadas. No todos quieren poner el nombre, pero el clima se percibe.

Mientras tanto, el cementerio de Esquina sigue cerrado, el pasto sin cortar y las respuestas sin llegar. En una comunidad pequeña, donde todos se conocen y donde el camposanto es parte de la identidad colectiva, la falta de información clara y de plazos concretos no hace más que profundizar la incertidumbre. Resolver la situación, esclarecer los hechos y restituir el acceso a un lugar que pertenece a todos aparece hoy como una necesidad urgente, no solo administrativa o judicial, sino profundamente humana.

Hasta el momento de esta publicación, no se había logrado la versión oficial al comunicarnos con la jefa comunal Patricia Molina.

El autor:

El Diario del Pueblo

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