Allanaron la comisaría de Monte Cristo y la vivienda particular de un comisario
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Es por la causa en la que se investiga la “desaparición” de un camión que había sido secuestrado tras un ilícito.
Continúa la investigación por la presunta compactación de un camión que estaba secuestrado en la comisaría de Monte Cristo. Aunque la Policía sostiene su versión, no hay -hasta ahora- pruebas o registros que avalen la postura oficial.
Los vehículos secuestrado sólo pueden ser compactados cuando existe una resolución judicial que así lo indique y siempre y cuando la causa judicial que motivó su confiscación ya haya sido cerrada. Ninguno de esos requisitos se habría cumplido en caso de comprobarse que se haya compactado.
Mientras avanza la investigación por el caso particular, habrían salido a la luz otras acciones ilícitas como la venta de autopartes de los vehículos secuestrados.
Por ello se ordenó el allanamiento a la comisaría de Monte Cristo y hasta de la casa particular del comisario, como así también de otros domicilios particulares en busca de pruebas que confirmen la participación policial en el hecho lo que detonaría un nuevo escándalo dentro de la Policía de Córdoba.
El caso del camión
Hace pocas semanas, en la Cámara 8 del Crimen de la ciudad de Córdoba llegó a su fin un largo proceso judicial iniciado a mediados de 2021. En aquel momento, la Policía frustró el robo de casi 12 mil kilos de maíz que una banda estaba sacando, de manera ilegal, de un campo ubicado entre Monte Cristo y Río Primero.
La carga fue recuperada, el vehículo secuestrado (un camión Fiat Iveco 619) y su propietario terminó imputado junto a otros dos acusados. Se trató, en términos legales, de un “hurto calificado de productos separados del suelo en grado de tentativa”.
Todo sucedió, según quedó asentado en el expediente, en la madrugada del 13 de junio de 2021. En un establecimiento rural ubicado en Capilla de la Esperanza, a pocos kilómetros de Río Primero, Juan Carlos Vicente y su hijo Alejo, con la complicidad del guardia del lugar, Jonathan Tablada, ingresaron con el camión Fiat Iveco 619, en el que cargaron 11.920 kilos de maíz quebrado y gasoil.
“Finalmente, antes de poder retirarse del lugar con la res furtiva, fueron sorprendidos por personal policial quienes procedieron impidiendo la consumación del hecho”, se indicó.
Fue otro guardia de seguridad el que alertó a los dueños de que en el campo había un camión sin luces y a alta velocidad. Ante este aviso, los propietarios corrieron a la comisaría de la zona y lograron que los efectivos llegaran justo a tiempo para atrapar a los ladrones en flagrancia.
Ahora, tres años después, el pasado 29 de julio, los tres acusados pidieron un proceso abreviado, en el que todos confesaron la culpabilidad.
Antes, el abogado defensor Luis Ariel Ludueña pactó con el fiscal Hugo Almirón -tal como lo permite la ley- una condena de dos años de prisión condicional para los tres acusados, además de un resarcimiento económico al dueño del campo de 500 mil pesos.
Al ratificar el acuerdo en el fallo, el juez unipersonal Marcelo Jaime dejó escrito que se debía “cumplir con la compensación económica ofrecida por los imputados, consistente en el pago por única vez de una suma monetaria equivalente a 500 mil pesos en la cuenta bancaria que Pedro Gazzoni disponga. En caso de no aceptar, el monto será destinado a una entidad de bien público”.
Hasta allí, nada fuera de lo normal.
Una vez que el fallo fue publicado, el abogado del condenado Juan Carlos Vicente (es camionero) se presentó para solicitar la restitución del camión secuestrado tres años antes. Desde el Cámara le indicaron que no había ninguna objeción al respecto, ya que el vehículo ya no representaba ningún tipo de interés para el caso, que acababa de ser cerrado.
Sin embargo, cuando el dueño llegó hasta la comisaría de Monte Cristo para solicitar el reintegro del rodado, se topó con que el camión ya no estaba allí. Le dijeron que había sido compactado por orden judicial pero el propietario descree de esta versión policial.
Ante una consulta oficial, desde la Policía se reiteró que en los registros figuraría de ese modo: el camión fue compactado tras una resolución de la Justicia de Córdoba.
Lo extraño es que no había ninguna sentencia firme para ordenar algo en ese sentido. Los vehículos secuestrados sólo pueden ser compactados cuando existe una resolución judicial que así lo indique, siempre y cuando la causa judicial que motivó su confiscación ya haya sido cerrada.
Entonces, ¿se trató de un error judicial? ¿O acaso alguien miente en esa comisaría? Ante lo insólito de lo sucedido, el dueño ya regresó un par de veces a Tribunales para intentar que alguien le de una explicación concreta.
En la causa por la “desaparición” del camión interviene de oficio la fiscal Eugenia Pérez Moreno.
Más allá de las responsabilidades penales, que aún no están claras y pueden llegar a detonar un nuevo escándalo dentro de la Policía de Córdoba, hay una cuestión que a nadie le escapa: robado en la comisaría o compactado por un error judicial, la reparación económica por la “desaparición” del camión saldrá del erario público.
Si bien no existe aún una valuación oficial al respecto, un cálculo preliminar, en base a la cotización de mercado de rodados similares (la mayoría son antiguos) apunta a no menos de 15 millones de pesos.
