El sistema de salud en alerta roja: los Municipios sostienen la atención de jubilados ante el retroceso del PAMI

La crisis de la obra social nacional obliga a los gobiernos locales a financiar traslados y medicación con recursos propios. Advierten que las demoras en turnos oncológicos ya ponen en riesgo la vida de los pacientes.

En el interior de la provincia, la salud pública se está convirtiendo en un delicado equilibrio de contención. Lo que comenzó como un retraso administrativo en las oficinas del PAMI ha derivado en una crisis sanitaria y social sin precedentes: hoy, son los Municipios quienes están asumiendo el costo operativo y humano de una obra social que parece haberse retirado del territorio. Desde traslados de urgencia hasta la compra de medicación básica, los intendentes advierten que el margen financiero para “parchar” el sistema está llegando a su límite.

Un sistema que se sostiene “por compromiso”

La realidad que se vive en los consultorios de la región es alarmante. Marco Ferace, intendente de Santiago Temple y médico gerontólogo, le pone voz a una preocupación que recorre los despachos de más de 300 jefes comunales: la estructura se mantiene en pie no por gestión estatal, sino por la buena voluntad de los actores locales.

“El sistema no se va a poder sostener mucho más si sigue así”, advierte Ferace con la crudeza de quien ve el problema desde ambos lados del mostrador, como funcionario y como profesional de la salud.

Según el mandatario, el deterioro no es un fenómeno repentino, sino el resultado de un proceso de dos años que hoy muestra su cara más feroz. Los jubilados se encuentran atrapados en un laberinto burocrático: clínicas que reducen cupos de atención por falta de pago, farmacias que financian prestaciones a pérdida y médicos de cabecera cuyos honorarios han quedado pulverizados por la inflación, mientras las exigencias administrativas para autorizar cualquier práctica se multiplican.

El drama de las esperas: cuando el tiempo es vida

El punto más crítico de esta crisis se registra en las patologías crónicas y graves. Lo que antes era un trámite de 15 días para un turno o un diagnóstico, hoy se extiende a tres meses. En el caso de los pacientes oncológicos, esta demora no es un inconveniente administrativo; es una sentencia.

La interrupción de tratamientos iniciados por la falta de medicación esencial marca un retroceso sanitario difícil de revertir. “Los pacientes a veces no perciben la magnitud de la crisis de inmediato porque el municipio amortigua el golpe, pero cuando llega el momento de la práctica compleja, la realidad los choca de frente”, explican desde el ámbito médico regional.

Vulnerabilidad y abandono

El impacto social de este desfinanciamiento es profundamente desigual. La crisis ha trazado una línea divisoria:

• Jubilados con red familiar: Aquellos que cuentan con hijos o nietos que pueden costear estudios privados o trasladarlos a grandes centros urbanos logran sortear las trabas.
• Jubilados en soledad: Es el sector más expuesto. Sin recursos y ante un sistema cada vez más digitalizado y burocrático, quedan marginados del derecho básico a la salud.

Un reclamo que escala al plano político

La tensión política ha subido de tono. Ante la falta de respuestas del organismo nacional, los intendentes han comenzado a articular reclamos conjuntos. La pregunta que circula en las mesas de gestión es una sola: ¿Quién debe sostener la atención de los adultos mayores?

Mientras la Nación, las provincias y los municipios se debaten en una puja de recursos y responsabilidades, el sistema de salud regional se desangra. Los presupuestos locales, ya ajustados por la caída de la recaudación, están siendo succionados por una demanda que originalmente le corresponde al PAMI.

Perspectivas. La situación en el interior cordobés y en el resto del país desnuda una falla estructural en el modelo de atención. Si no hay una corrección inmediata en las partidas presupuestarias y una agilización de los procesos de auditoría, el colapso dejará de ser una advertencia para convertirse en un hecho consumado. Para una comunidad que envejece, garantizar el acceso a la salud no es una opción política, es una obligación humanitaria que hoy pende de un hilo.

El autor:

El Diario del Pueblo

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