Impacto en Río Segundo: detienen a dos peritos oficiales acusadas de exigir dinero a un imputado
La Fiscalía de Instrucción y Fuero Múltiple ordenó la aprehensión de una psicóloga y una asistente social por presuntas exacciones ilegales agravadas. Habrían solicitado $2.700.000 a cambio de un dictamen favorable.
La ciudad de Río Segundo amaneció este 26 de febrero con una noticia que sacude al ámbito judicial local y genera fuerte repercusión en la comunidad: dos peritos oficiales del equipo técnico fueron detenidas, acusadas de exigir dinero a una persona sometida a proceso penal.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción y Fuero Múltiple de Río Segundo, que imputó a la psicóloga Marcia Mariel Lupi y a la asistente social Silvia Patricia Romero por el delito de exacciones ilegales agravadas, previsto en los artículos 266 y 267 del Código Penal.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por un abogado, quien expuso que su defendido habría recibido un pedido de dinero por parte de ambas profesionales. Según consta en la causa, la suma exigida ascendía a 2.700.000 pesos, a cambio de la confección de un dictamen técnico favorable a los intereses del imputado.
A partir de la presentación formal, la fiscalía articuló tareas con personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa (DIO). Las diligencias permitieron reunir “caudalosa e importante evidencia”, según se informó oficialmente. Con esos elementos, en horas de la tarde se montó un operativo que culminó con la aprehensión de las acusadas en una estación de servicio, instantes después de recibir la dádiva presuntamente exigida.
Durante el procedimiento se secuestraron los teléfonos celulares de ambas imputadas, dispositivos que ahora serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación. Tras los trámites procesales correspondientes, las mujeres fueron trasladadas al establecimiento penitenciario dispuesto por la autoridad judicial.
El caso golpea de lleno la credibilidad de un engranaje clave del sistema judicial: el cuerpo técnico encargado de elaborar informes periciales que muchas veces resultan determinantes en la suerte de una causa. En una ciudad como Río Segundo, donde la cercanía institucional es parte del entramado social, la noticia no pasa inadvertida.
La investigación continúa y no se descarta la ampliación de la imputación, en función de los elementos que puedan surgir del análisis de la prueba recolectada.
Más allá de la instancia procesal que deberán atravesar las imputadas, el hecho interpela a la comunidad en un punto sensible: la confianza en la administración de Justicia. La transparencia en cada dictamen y en cada actuación no es un detalle técnico; es la base sobre la que se sostiene la legitimidad institucional y la tranquilidad de quienes acuden al sistema en busca de respuestas.