Villa del Rosario: fuerte cruce y amenaza de vía judicial por una permuta de lotes municipales

El Ejecutivo defendió la legalidad de la operación destinada a un plan de viviendas, mientras que la oposición denunció un “negociado” y anticipó que irá a la Justicia. Desde el oficialismo advierten sobre las consecuencias de realizar “falsas denuncias”.

La tranquilidad política de Villa del Rosario se vio sacudida en las últimas horas tras la aprobación de un convenio de permuta de inmuebles entre la Municipalidad y un privado. La operatoria, que consiste en el intercambio de 22 lotes municipales por un macrolote destinado a futuras urbanizaciones, desató una batalla de comunicados y acusaciones cruzadas que promete trasladarse a los tribunales. Mientras la oposición califica el acto de “ilegal” y “perjudicial”, el Gobierno local asegura que la transacción cuenta con todos los avales jurídicos y técnicos necesarios.

La postura del Municipio: “Estrategia de desarrollo urbano”

A través de un comunicado oficial, el Municipio de Villa del Rosario salió al cruce de las versiones que circulan en redes sociales. Según el Ejecutivo, la operación es una permuta bajo el Código Civil y Comercial, una figura legal que no requiere pago en efectivo. El objetivo central es incorporar un predio de grandes dimensiones para planificar el acceso a la vivienda de más vecinos.

Ante el cuestionamiento de que el terreno recibido no tiene escritura, el Municipio aclaró que se trata de una posesión consolidada de más de 20 años, lo cual configura un derecho de propiedad según la ley vigente. “Contamos con dictámenes especializados y tasaciones independientes que acreditan la razonabilidad de los valores”, señalaron. Además, destacaron una cláusula de indemnidad, que obliga al privado a responder ante cualquier reclamo, protegiendo así el patrimonio público.

La denuncia opositora: “Un beneficio a dedo”

Desde la vereda de enfrente, los concejales de la oposición no ahorraron calificativos. Denunciaron un “negociado inmobiliario” y sostuvieron que se entregaron lotes con escritura y servicios a cambio de “derechos litigiosos” en un terreno con un juicio en marcha.

Para los denunciantes, los funcionarios habrían incurrido en cuatro posibles delitos:

1. Incumplimiento de deberes: por supuesta falta de autorización previa.
2. Administración fraudulenta: por la diferencia de valor entre lo entregado y lo recibido.
3. Negociaciones incompatibles: al no realizarse una licitación o acto público.
4. Malversación de fondos: por el perjuicio económico al erario municipal.

“El Municipio no es una empresa privada; exigimos transparencia y una marcha atrás inmediata”, sentenciaron los ediles opositores, confirmando que llevarán la presentación ante la Justicia.

El riesgo de la “falsa denuncia” y el impacto institucional

La escalada del conflicto ha puesto bajo la lupa el rol del Concejo Deliberante, donde el proyecto fue aprobado con los votos del oficialismo. Desde el entorno municipal, advirtieron que la ligereza de las acusaciones de la oposición podría tener un efecto bumerán. Fuentes cercanas al Ejecutivo deslizaron que, de no probarse las irregularidades, los concejales denunciantes podrían enfrentar ellos mismos una denuncia por “falsa denuncia”, entendiendo que se intenta obstruir una política pública con argumentos que no se sostendrían técnica ni jurídicamente.

Este hecho es de vital relevancia para la comunidad, ya que en el centro de la disputa está el suelo urbano. Mientras la gestión actual defiende la creación de un banco de tierras para viviendas, la oposición alerta sobre un riesgo patrimonial que podría afectar a las finanzas del pueblo por años.

Escenario de incertidumbre judicial

El conflicto entra ahora en una zona de definiciones. La resolución dependerá de la solidez de los dictámenes presentados por el Municipio y de la capacidad de la oposición para sustentar sus acusaciones en el fuero penal. En el corto plazo, el debate ha dejado una grieta profunda en la política local, donde la palabra “transparencia” es tironeada por ambos sectores. Lo que para unos es una decisión responsable para el crecimiento de la ciudad, para otros es una entrega irregular de bienes comunes. La Justicia tendrá la última palabra.

El autor:

El Diario del Pueblo

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